El concordato fue firmado entre la Iglesia Católica y la
dictadura de Rafael L. Trujillo en 1954. Fue un acuerdo de naturaleza política,
diplomática y económica, amén de otros beneficios particulares, para ambas
partes.
La Iglesia firmó acuerdos con Benito Mussolini, en Italia,
con Adolfo Hitler, en Alemania, porque necesitaba establecerse con firmeza en
un período de la historia de grandes cambios políticos, culturales e
ideológicos, y con ello logró de paso un reconocimiento diplomático como
Estado, pese a que en los pocos metros que tiene en Roma, donados por
Mussolini, no hay configurado un Estado, no hay una población, no hay un
concepto de nación, y más bien lo que hay estructurado es un conglomerado de
jerarcas y burócratas que administran una religión, que tiene presencia en una
gran parte del mundo.
En la práctica, todas las naciones que firmaron acuerdos con
la Iglesia han optado por cambiar esos acuerdos. En algunos casos, como en
Colombia, era necesario establecer el cambio de manera constitucional, y así se
hizo.
La República Dominicana terminó con la dictadura de Trujillo
siete años después de que se firmara el concordato. Trujillo quería que la
Iglesia le reconociera el divorcio católico, que había consumado, y que dejó
por lo menos una hija. Y la Iglesia, por una cuestión de dogma, considera que
los matrimonios religiosos son indisolubles. Pero a Trujillo le facilitó el
divorcio, bajo el argumento de que una de las partes no estaba en su control
mental y que el matrimonio nunca fue válido. A cambio del concordato.
Y desde entonces, el nuncio apostólico en República
Dominicana es el Decano del Cuerpo Diplomático, se le brindan todas las
exoneraciones, se le permite decidir el sistema educativo dominicano, se le
paga dinero a los obispos, a las diócesis, el Estado le entregó todas las
edificaciones en que opera la Iglesia, le construye otras, y se firmó el
llamado Vicariato Castrense, mediante el cual se le otorgan rangos militares a
los obispos y cardenales y la Iglesia tiene presencia en todas las ramas
militares.
Las iglesias cristianas insisten en que el Estado termine
ese acuerdo y de paso a un nuevo acuerdo que sea más equitativo, tomando en
cuenta que la Constitución dominicana eliminó la posibilidad de que este sea en
Estado confesional. El Estado dominicano es laico.
Y el Estado respeta y trata igualmente a todas las
confesiones religiosas. Pero en la práctica no es así. El concordato está
vigente y tiene un peso específico en las relaciones con el Estado. La única
forma de terminar con este acuerdo es que el gobierno, representado por el
Poder Ejecutivo, denuncie el acuerdo, y le solicite a la Iglesia una nueva
negociación, que incorpore elementos nuevos de derechos y deberes, que en este
caso corresponde a ambos firmantes.
La Iglesia Dominicana no ha querido solicitar el cambio.
Pudo haberlo hecho como una forma de negar su relación ventajosa con el
trujillismo. Ha insistido en que permanezca ese acuerdo, como un lastre, una
vergüenza que arrastra a toda la sociedad dominicana.
Y los políticos, ante el silencio de la Iglesia, no han
querido tampoco que se ponga fin a ese acuerdo desigual, que más bien debe
servir de mal ejemplo y de vergüenza para todos aquellos que siguen involucrado
con el principal lastre trujillista que le queda a la sociedad dominicana.
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