El
inicio de un plan de regularización de extranjeros en República Dominicana ha
puesto en evidencia que la población haitiana en este país, supuestamente la
mayor beneficiaria de su ejecución, no estaba del todo preparada para acogerse
a los requisitos de su implementación.
Apenas
los haitianos acudieron en masa a los centros habilitados por el Gobierno
muchos de ellos, al parecer, creían que se trataba de una especie de amnistía
general, pues se presentaron sin papeles básicos como acta de nacimiento o
pasaporte. De hecho, los haitianos y sus descendientes indocumentados han
dirigido sus quejas contra el aumento sorpresivo que dispuso su propio Gobierno
para expedirles documentos indispensables para aplicar al proceso, luego de que
el plan entrara en acción el 1 de junio pasado.
La
mayoría de los centenares de miles de haitianos residentes en República
Dominicana son indocumentados y una gran parte de ellos carece de acta de
nacimiento, muchos tampoco poseen recibos de alquileres de viviendas, notas de
escolaridad, matrícula de vehículo o carné de trabajo y otros tantos no dominan
el idioma español.
Estos
son solo algunos de los requisitos para aplicar al plan, aunque solo tienen que
cumplir con al menos dos de ellos. Se procura que los residentes irregulares
demuestren su arraigo en la sociedad dominicana y su vinculación con el país
que los acoge.
Este
plan de regularización es producto del nuevo rumbo que han tomado las
relaciones entre los fronterizos República Dominicana y Haití, a raíz de una
sentencia inapelable evacuada en septiembre pasado por el Tribunal
Constitucional local, que define los parámetros de la nacionalidad. De esa
sentencia también salió una ley de naturalización que solo espera su reglamento
de ejecución para entrar en vigor de manera tangible.
Pero
los escollos que denuncian los haitianos indocumentados han puesto sobre el
tapete que Haití ha quedado rezagado en su compromiso de dotarlos de la
documentación básica, tal y como se comprometió con las autoridades dominicanas
en conversaciones del más alto nivel que ambos países celebran desde enero
pasado.
La
situación ha sido denunciada por la Cancillería y la Junta Central
Electoral (JCE) dominicanas, con declaraciones tan comprometedoras como las
emitidas este jueves por el presidente de este último organismo, de que el
Gobierno haitiano ha convertido en negocio el plan de regularización de
extranjeros al cobrar altas sumas de dinero a los nacionales de ese país para
entregarles los documentos de identidad.
Roberto
Rosario dijo, además, que la falta de cooperación de Haití para dotar de
documentos a sus nacionales es el principal problema que enfrenta el proceso de
regularización.
El
funcionario afirmó que en ningún país del mundo se ha hecho de manera gratuita
un proceso de regularización del estatus migratorio de los extranjeros que
viven ilegales en el país y puso de ejemplo los casos de Venezuela, Bolivia y
los Estados Unidos, “en cuyos países los extranjeros que quieran legalizar su
estadía deben pagar para hacerlo”.
También
exhortó a los organismos internacionales a colaborar con el proceso “y no solo
a presionar como han hecho hasta ahora”, en alusión a los encendidos debates
que despertó la sentencia del Tribunal Constitucional en diversos organismos y
países europeos y de la región.
Los
trabajadores haitianos representan más del 80 % de la mano de obra en la
construcción y la agricultura en República Dominicana, además del alcanzar el
75 % entre los vendedores ambulantes, según cifras suministradas por
representantes de estos sectores.
Es
notorio, sin embargo, que los haitianos continúan abarrotando los centros de
registro alentados por esta inédita oportunidad de regularizar su situación
migratoria, lo que se explica en que también acuden masivamente a los
consulados de su país para lograr la expedición de la documentación necesaria.
El
plan de regularización de extranjeros ha recibido el respaldo de múltiples
sectores y de embajadas como la de Canadá, uno de los países conocidos como
“amigos de Haití”, cuyo embajador calificó de positivo el proceso, al igual que
el representante en el país de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
Muchas
de las voces que hasta hace poco consideraban que la sentencia del Tribunal
Constitucional dominicano condenaría a miles de haitianos a vivir como
“apátridas”, ahora reconocen los esfuerzos locales por regularizar la situación
de estos y así empezar a buscar una salida permanente a un problema que data de
largos años, y por el que las relaciones entre ambos países han sido más
conflictivas que armoniosas.
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